Los
farmacéuticos se niegan a dispensar medicamentos caros
porque tienen que devolver al Estado más de lo que ganan
R. M. | Madrid
Un medicamento resume el problema. Se llama Glivec, cuesta 2.556
euros y sirve para tratar la leucemia. Sin embargo, pese a su
elevado precio, muchos farmacéuticos se niegan a dispensarlo
y desvían a los pacientes hacia otras boticas. No se
trata de un problema moral. Es mucho más serio: es un
asunto pecuniario.
Ocurre
que de esos 2.556 euros, el farmacéutico sólo
recibe 33,57 euros -ésa es la cantidad máxima
de beneficio por cada medicamento que se vende con receta y
que supera los 78,24 euros-. Y desde junio de 2000, cuando el
Ministerio de Sanidad aprobó un real decreto para contener
el gasto farmacéutico, las farmacias que facturan más
de 27.646 euros al mes en recetas tienen que devolver una parte
(el 7%) al Estado. Así, hay farmacias que prefieren no
dispensarlo porque aumenta mucho la facturación y acaban
devolviendo más de lo que ganan. Ocurre igual con otros
medicamentos caros.
'Es
un efecto perverso, y los farmacéuticos tienen la obligación
de dispensar todos los medicamentos, pero ¿se puede exigir
a alguien que pague para dispensar un medicamento?', se pregunta
la secretaria general de la Federación Española
de Empresarios de Farmacia (FEFE), Isabel Vallejo. FEFE agrupa
a 14.000 profesionales con farmacia.
Hay
más de 6.000 farmacéuticos que coinciden con ella
y que hace más de un año plantearon un pulso a
Sanidad en forma de recursos a la norma. Quieren que el real
decreto sea declarado inconstitucional y que Sanidad les devuelva
los 380 millones de euros que han pagado al Estado desde que
entró en vigor. En España hay unas 19.500 farmacias
y el real decreto afecta a 8.500. A través de asociaciones
y colegios, por unos 150 euros, cada botica presentó
su recurso. La norma fue anunciada en su día como una
forma de contener el gasto farmacéutico, que en 1998
creció el 10,57%, y en 1999, el 9,96%.
Rafael
Ariño, del despacho de Madrid que representa a casi 4.000
farmacéuticos, afirma que 'jamás se puede gravar
la facturación, porque no refleja lo que uno gana, no
tiene nada que ver con los beneficios'. Las farmacias que facturan
en recetas más de 27.646 euros (IVA incluido) devuelven
al Estado el 7% de lo que facturen. El porcentaje crece hasta
el 13% conforme lo hace la facturación.
Sanidad
se enfrenta a un alud de recursos por el sistema de facturación
de boticas
Ariño
añade: 'Hay jurisprudencia que señala que sólo
se pueden gravar los beneficios. Pero, además, en la
facturación está incluido el IVA, una cantidad
que ya recauda el Estado y por el que el farmacéutico
paga aunque no lo recibe él'.
Gracias
a la norma recurrida, el Estado ingresó 180 millones
de euros en 2001. En 2002, FEFE estima que la cantidad puede
ascender a 215 millones. Y va a más. Vallejo explica
que como la norma no se ha actualizado con el IPC, y el precio
de los medicamentos y el gasto sigue aumentando cada vez hay
más farmacias afectadas por el real decreto.
Ariño
da una idea de la magnitud del asunto: 'Esto puede tardar más
de ocho años, y cuando se resuelva, si lo ganamos, la
cifra que tendrá que pagar el Estado puede ser astronómica,
aunque, a saber quién está entonces en el Gobierno'.
Tal vez por eso, Sanidad remite a las conversaciones que ha
mantenido con FEFE. En noviembre de 2001 acordaron modificar
el texto y excluir los medicamentos más caros del cálculo.
Pero el acuerdo no se ha trasladado todavía a la norma.
Vallejo advierte: 'Aunque lleguemos a un acuerdo, los recursos
son individuales'. Eso quiere decir que dicho acuerdo, a la
vista del alud de recursos, no significa el fin del litigio.
Pese
a la seguridad de los farmacéuticos (Sanidad prefirió
no valorar el estado de los juicios) la única sentencia
que hay hasta el momento favorece al Estado. Fue dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y está
recurrida.
Los
recursos están presentados en Andalucía, pero
también en otros puntos de España. Al afectar
a un real decreto, tiene que ser el Tribunal Constitucional
el que decida su hipotética modificación. Pero
para llegar allí tiene que enviarlo otro juzgado ordinario.
Así, para aumentar las probabilidades de llegar al Constitucional,
los farmacéuticos lo han presentado en toda España
'para dar con un juez valiente', en palabras de Ariño.